Hace unos días el líder del Partido Laborista (Majané Ha-Tzioní), Aby Gabbay, envió el siguiente correo electrónico a miles de personas: “El sábado de noche próximo vamos a salir juntos a manifestarnos en la plaza Ha-Bima (Tel Aviv), para proteger a la democracia y contra quienes la pretenden dañar. Este próximo domingo (hoy, 6/5/2018) la comisión de ministros del gobierno se reunirá para promover el “artículo para la superposición” (HH – Artículo que permitirá que una ley cancelada por la Suprema Corte de Justicia sea superada por una ley posterior de la Knesset para evitar dicha cancelación). Se trata de nombre blanqueador para una ley que neutralizará por completo al Tribunal Supremo y pondrá en peligro a la democracia israelí, y porque para ellos, el gobierno es más importante que la ley, más importante que la democracia”.

La Justicia israelí, desde la declaración misma de la Independencia de Israel en 1948, ha liderado la defensa de las libertades individuales de los ciudadanos. En el Bagatz (juicio al estado o a quien recibe fondo del estado, que se hace frente a jueces de la Suprema Corte de Justicia) El-Karbotali, la Suprema Corte de Justicia de Israel ordenó liberar a Ahmed Abu-Leven que había sido apresado en base a las ordenanzas en horas de emergencia… argumentando que no se había defendido sus derechos. En el Bagatz “Begerano” de 1949 fue la Suprema Corte la que defendió el derecho a la libertad de empleo, y fue Bagatz quien puso en su sitio a las autoridades de Israel cuando le negaban trabajo al derechista Dr. Israel Eldad (1950) por haber pertenecido al Leji. También fue Bagatz “Kol Ha-Am” (1953) quien intervino para que no se cerrase el diario comunista por haber publicado una información falsa y manipulada. El diario Kol Ha-Am debía disfrutar de libertad de expresión a menos que atentase de forma inmediata con la paz pública (cosa que no hacia). En síntesis, la Suprema Corte de Justicia de Israel se ha ganado un lugar de respeto entre los paladines defensores de los derechos humanos, de las minorías y las libertades individuales en Israel gracias a sus sentencias.

¿En qué momento las sentencias de Bagatz comenzaron a quedar en entredicho? En 1986, el comandante general (res.) Yehuda Ressler presentó una petición contra el acuerdo para posponer el servicio militar regular de los estudiantes de las Yeshivot, y en su decisión, el Tribunal Supremo de Justicia amplió el “derecho a presentarse a juicio” (hasta entonces solamente el implicado directo o el que se veía afectado podía demandar). La sentencia otorgaba el derecho a demandar a aquel que el tema no lo “tocaba en absoluto” (a aquel que demanda sin tener nexo con el tema se lo conoce como “Oter Tziburí” y el tema en general se lo conoce como Zjut Amida).

Desde entonces, las críticas hacia la Justicia en Israel han aumentado, especialmente por lo que se conoce como “Activismo Judicial”. La Justicia, que obtuvo tasas de apoyo de más del 80% de apoyo en las encuestas de opinión pública hace apenas dos décadas, ahora cuenta con el apoyo de la mitad de los ciudadanos de Israel y sigue en descenso.

El derecho de los jueces de la Suprema Corte de Justicia para cancelar leyes del Parlamento se basa, principalmente, en la Ley Básica “Derechos Humanos y Libertades” cuyo artículo 8 dice que “No se dañarán los derechos establecidos en esta ley Básica a menos que sea por una ley acorde a los valores del Estado de Israel, que fue establecida con un fin noble, y en una dosis que no supera lo necesario”.  

La interpretación que se le brinda a las palabras “valores del Estado de Israel, “fin noble” y “dosis que no supera lo necesario” cambian de juez en juez. Cuando muchos jueces adoptan una postura “universalista” entonces las sentencias son acordes y provocan el enojo del campo conservador (la derecha y los religiosos en Israel). Cuando además, los jueces consideran que cuando no hay leyes es obligación del juez emitir sentencia en base a lo que consideran son los valores de Israel escritos en la Declaración de la Independencia, recibimos lo que en Israel se conoce como “Activismo Judicial” cuyo padre es el ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia Aharón Barak. Aharon Barak fue quien dijo “la ley es desalmada si no hay un fin elevado a su lado” y cuando dicho espíritu o fin lo dicta la Knesset y se cree que su idea es inferior por ser “subjetiva” en cambio la de los jueces es “objetiva” entonces nos encontramos con el “Activismo Judicial”.

Antes de surgir este activismo judicial los jueces rechazaban emitir sentencia argumentando que cierto tema tenía un “gran componente político” adoptando una postura más pasiva.

Tomemos un ejemplo… las tres versiones de la Ley de los Infiltrados (Jok Mistanenim) de la Knesset que fueron canceladas por Bagatz (septiembre de 2013, septiembre de 2014, agosto de 2016) contaron con nueve jueces cada vez y ellos escribieron un total de 466 páginas. El Profesor Abraham Diskin comprobó que las posturas de los jueces distaban mucho de ser homogéneas y cuando revisó las palabras más utilizadas descubrió que “Yo” había aparecido 69 veces y “Yo creo” había aparecido 57 veces. Cuando revisó cuantas veces se había hablado de la influencia de los infiltrados sobre los habitantes del sur de Tel Aviv encontró solamente 3 citas. ¿Qué podemos aprender de esto? Que la subjetividad y la ideología personal del juez juegan un papel fundamental y si encima tratan temas con alto contenido emocional o político entonces las críticas van a seguir aumentando.

¿La culpa de todo esto es de la Justicia y de los jueces? No solamente. Cuando los diputados no dictan las leyes porque no se ponen de acuerdo y abandonan el espacio entonces no pueden quejarse demasiado cuando un juez intenta “poner la casa en orden”.

¿Qué ha aprobado el gobierno hoy domingo (6/5/2018) en su comisión de ministros como propuesta de ley conocida como “Artículo para la Superposición” (Piskat Hatbagrut)? La propuesta del gobierno es que la Knesset pueda aprobar una nueva ley que haya sido anulada por Bagatz pero con una mayoría de 61 diputados.

Como hemos visto, la Suprema Corte de Justicia ha jugado un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y de las minorías en Israel.

Considero que el tope de 61 diputados es una cifra fácilmente superable por una coalición de gobierno, lo que permitiría que los derechos de las minorías se vean perjudicado letalmente por un gobierno israelí. ¿Es necesario limitar al Activismo Judicial? Si, sin duda. Personalmente, me gustaría que los jueces de la Suprema Corte de Justicia revisasen las motivaciones y las subjetividades del “Activismo Judicial” y que la selección de jueces en Israel fuese más balanceada entre conservadores y universalistas. También considero que los diputados en Israel deberían acordar en leyes los valores que desean para el estado sin “pasarle tanto la pelota a los jueces de la Suprema Corte de Justicia”. En síntesis, considero que la propuesta aprobada hoy por la Comisión (aún resta todo el proceso de aprobación) probablemente perjudique más a la democracia que lo que la refuerza.